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Colombia: Las graves violaciones de los derechos humanos, el derecho humanitario – los medios de comunicación y conspiración judicial contra civiles – Las violaciones de las partes combatientes.

Putumayo, domingo 23 de de septiembre de 2012

Frente a los abusos de la  autoridad,  frente a las violaciones de los derechos humanos que sufren las comunidades campesinas e indígenas Siona y  Nasa de municipio Piñuña Blanco (Con el pretexto de la represión de la guerrilla de las FARC), frente a la crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre las FARC y el ejército, nuestra constancia [1] no se consideró. Una vez más, dos civiles murieron a causa de las minas terrestres.

Bogotá 21 de septiembre de 2012

JUAN MANUEL SANTOS : Presidente de la República de Colombia

Angelino Garzón : Vicepresidente de la República de Colombia

Fernando Carrillo Flórez: Ministro del Interior

RUTH STELLA CORREA: Ministro de justicia

MARIA ANGELA HOLGUIN: Ministro de asuntos exteriores

EDUARDO MONTEALEGRE: Fiscal General de la República

ALEJANDRO ORDÓÑEZ: Ministerio Público

Jorge Armando Otálora: Defensor Nacional   del Pueblo [2]

SANDRA MORELLI : Inspector de Hacienda de la República

Ref. : graves violaciones de los derechos humanos, el derecho humanitario – medios de comunicación y conspiración judicial contra civiles – Violaciones de las partes combatientes.

Así como lo señalamos en Constancias de haber sido dado, la Unidad de Narcóticos ha progresado en sus operaciones de erradicación de la cultura de coca a  Piñuña.

Blanco, uno de los cantones en el municipio de Puerto Asís. Estas acciones se llevaron a cabo sin autorización y ni un Plan formal de contingencia y condición. Sin embargo, requieren por la corte constitucional la jurisprudencia de muchos, tras la sentencia Nº. T 025 de 2004.

Desde finales del mes de julio y agosto, muchas familias y comunidades han llevado a cabo un gradual retorno a la comunidad “La Paz”. Estas 23 familias permanecen en situación de desplazamiento interno.

Los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, son el escenario de operaciones armadas y estrategias de guerra contra la guerrilla. Esto pone en peligro la vida y la seguridad de los civiles, y limita severamente la libertad de movimiento y desarrollo de las actividades diarias, tales como semillas de caza y agrícolas.

Nuestra constancia denuncia el carácter abusivo de las acciones llevadas a cabo por las fuerzas armadas, que violan el derecho internacional humanitario, en el suelo – a veces legitimado por el poder absoluto del estado a través de conspiraciones vergonzosas -, que los civiles son enemigos, guerrilla y sujetos de no derecho.

A continuación presentamos estos hechos penosos en los cuales se basa nuestra Constancia.

El jueves 13 de septiembre, entre 7:35 y 12:28

Los enfrentamientos tuvieron lugar entre el frente 48 de las FARC, las unidades militares de la brigada 27 y la Fuerza Naval del sur.

Estos enfrentamientos ocurrieron en las comunidades de San Ignacio y la reserva de Siona de Santa Elena ubicada en Piñuña Blanco en la ciudad de Puerto Asís.  Esto concierne a las poblaciones fronterizas con Ecuador.

Los soldados dispararon contra las casas de las familias OCOGUAJE, y de la familia CARLOSAMA. Para protegerse del fuego, cuatro familias acudierón a refugiarse en la casa de Sr. Hector Evelio Bolaños.

Según los informes recibidos, la infantería naval ecuatoriana ayudó a los soldados colombianos tirando desde su embarcación.

El mismo día sobre las 16 horas en la reserva de Santa Elena las fuerzas navales del sur pararon arbitrariamente a Carlos Henao Cortés mientras  llevaba una docena de kilos de maíz (25 arrobas) en su casa de San Ignacio.

Los agentes le preguntaron a Carlos si él es llamado “Cachama”. Estos estaban acompañados por una persona vestida con uniforme militar, un pasamontañas que cubría su cara y llevaba gafas de sol, que contestó afirmativamente en lugar de Carlos.

Frente a esto, Carlos replicó que era falso, que no tenía ningún apodo y que tenía una mujer embarazada. Poco reñosos, los militares lo embarcaron sobre un barco militar.

 Viernes, 14 de septiembre, sobre las 2:00 aproximadamente

Unidades de infantería de Marina de la fuerza naval del sur, unidades de la SIJIN [3] (desmembramiento de la policía nacional) y los miembros de la brigada móvil 13 penetraron en la reserva del pueblo Siona de Santa Elena a Piñuña Blanco.

Los militares en función irrumpieron a la fuerza la casa de Héctor Evelio Bolaños donde se refugiaban ocho niños, tres mujeres y cinco hombres. Los militares les amenazaron y les ordenaron ponerse en el suelo. Otros militares desembarcaron con el campesino Carlos Henao Cortés que tenía las manos esposados.

Los militares reiteran la orden de extenderse sobre el suelo con la cara contra tierra. Dos segundos más tarde llegaron dos policías y buscaron la casa con la luz de su móvil, le preguntaron tres veces al jefe de familia, Héctor, si se hacía responsable de lo que encontrarían en la casa tras la búsqueda. Héctor respondió que no tenía  nada que esconder.

Introdujeron a Héctor en la casa, sacaron tres cartuchos de calibre 16 y dos fusiles de uno de los cuartos, acusaron sin razón a Héctor de estar armado como un guerrillero al encontrar su arma de caza.

Posteriormente, los policías introdujeron a Miguel Galindez  y le interrogaron sobre el paquete que tenía en el interior de la casa. El señor respondió que eran unos víveres aportados por la médico Ángela María Mesías, coordinadora del departamento de la Unidad de víctimas de aspectos anti personales. Los policías respondieron que ese alimento no lo consumía nadie salvo los militares o los guerrilleros.

Más tarde, llevaron a Duberney Gonz Á Lez, y le interrogaron sobre el contenido de tres mochilas ; éste respondió que sólo había unas semillas de arroz. Según los testigos, los policías volvieron solos a casa e introdujeron armas en una bolsa.

Agentes de la SIJIN sacaron la bolsa negra y afirmaron : “pero son armas lo que  tienes allí “. Inmediatamente y por temor pusieron  la bolsa fuera.

Unos segundos más tarde, los agentes de la SIJIN se encontraron solos en la cocina, salieron con dos granadas en la mano, alegando haberlas encontrado en una olla.

Irónicamente lanzaron en las alas : ” ¿quién quiere chupar la piña?”. Una campesina, se indignó y dijo que todo esto era falso, que todo era manipulación con en el fin de matarlos y de tener pruebas falsas que justificaban su acto.

David Yaiguaje denunció a la policía con que eran sus propios colegas quienes habían colocado los explosivos en la bolsa con el fin de justificar ellos haciéndoles pasar por guerrilleros y luego siendo recompensados.

La policía exigió silencio y les culpó de lo sucedido, acusandoles de ser guerrilleros. Seguidamente esposaron a Hector Bolaños, Gerson David Yaiguaje Evelio Y Duberney Gonzalez y se los llevaron en un barco en el borde del río Putumayo.

Más tarde, los policías fotografiarón las granadas y obligaron a Héctor Evelio y a su esposa Marta Leoneida Ocoguaje Condo a firmar un documento sin conocer su contenido.

Alrededor de las 9 de la mañana, líderes comunitarios y autoridades indígenas Siona se acercaron al barco de la fuerza naval y reclamaron la liberación de sus seres queridos. Los militares dijeron que no eran ellos sino la policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) quienes les habían embarcado esa misma mañana

Sobre las 13:45, un helicóptero militar transportó a detenidos hasta Puerto Asís.

Durante las audiencias para determinar la culpabilidad de los detenidos, los declararon inocentes y esperarón para su liberación inmediata en respuesta a un proceso justo y equitativo.

A las 17 h 14, la   Radio santa Fe habla de estas capturas ilegales por las fuerzas del estado como una acción contra el grupo 48 de las FARC. (Capturan al líder del grupo de los 48 de las FARC: Capturan cabecilla del frente 48 de las Farc).

Viernes, 14 de septiembre, 14 h 00 (Montebello), municipio de Piñuña Blanco

 Mientras el campesino Mariano López Evangelista salía en  busca de leña,   saltó sobre una mina antipersonal   y murió 20 minutos después.

El sábado, 15 de septiembre, las 8h 00 (Aldea San Ignacio, cantón Piñuña Blanco)

Mientras que el campesino Rusbel Noguera Henao se preparaba para participar en la Asamblea de comunidad, saltó sobre una mina antipersonal(de 30 metros de la escuela) y murió inmediatamente.

Sábado, 15 de septiembre

 Unidades militares del batallón de la selva n ° 55, el capitán OSCAR GIRALDO, miembros del batallón  de la Infantería Marina nº 60 y el personal del grupo Operacional de Investigación Criminal ordenaró a los habitantes de la reserva de Santa Elena del pueblo Siona salir del territorio.

Los militares amenazaron de muerte a los habitantes si no querían salir de la reserva y comenzaron a disparar. Por otro lado, esparcieron en el suelo los víveres que los habitantes habían recibido para alimentarse.

De este modo, la comunidad indígena compuesta por 13 familias debió atravesar el río de Putumayo. Las familias se dirigieron hacia la frontera ecuatoriana y fueron acogidas por la comunidad de la parroquia Asuay Santa Elena. Durante la huida,  una mujer resultó gravemente herida tras caer por un barranco.

Domingo, 16 de septiembre

La cadena C&M presenta los hechos como un ataque importante llevado contra las estructuras terroristas del Farc y particularmente contra la facción 48. (Capturados cuatro integrantes de las Farc.).

El martes, 18 de septiembre

Durante noche, los detenidos fueron trasladados a la prisión de Mocoa.

El miércoles, 19 de septiembre

Los habitantes de la comunidad Asuay Santa Elena atravesaron el río Putumayo para comprobar el estado de las viviendas. Al no ver  a los militares, organizaron la vuelta de las familias recientemente trasladadas. Al  llegar, encontraron sus hogares completamente saqueados, la ropa y las mantas en el suelo, las latas de conservas iniciadas vacías o enterradas.

Este tipo de comportamiento esta relacionado con el progreso del trabajo de las investigaciones de la compañía geofísica de América Latina al servicio de la empresa petrolera Amerisur.  Esta última mantiene   protegidas las plataformas petroleras situadas en Peneva en el municipio de Piñuña Blanco y la del Comandante en la reserva campesina de Perla Amazónica.  Posteriormente bases militares se instalarían sobre estas zonas, así como en la desembocadura de los ríos Piñuña Blanco y Piñuña Negro.

Estos hechos son un tanto más preocupantes que los abusos contra las comunidades campesinas e indígenas, que son cometidos  mientras continúa el avance del control territorial por los militares que benifician a las compañías petroleras, junto con la instalación de minas terrestres y ataques de las FARC contra estas instalaciones.

Condenamos la conducta de los militares hacia la población civil, las violaciones de derechos humanos y  del derecho humanitario, los abusos, los métodos de presión psicológica, conspiraciones judiciales, las amenazas de muerte, los desplazamientos forzados y todos los responsables implicados de forma directa e indirecta.

Culpamos  a las partes que han generado  el conflicto y consecuentemente estas graves violaciones del derecho humanitario, provocando una gran crisis humanitaria.

Desaprobamos profundamente la desinformación ejercida por radio Fé y C&M, presentando estos hechos como acciones llevadas contra los guerrilleros de las FARC.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo con las responsabilidades institucionales, les solicitamos amablemente que nos respondan pragmáticamente a las siguientes preguntas:

  • ¿Cuáles van a ser las órdenes dadas a los militares para que inmediatamente dejen de llevar a cabo estos actos ilegales y que respeten las disposiciones del derecho humanitario con respecto a los derechos de los civiles en conflicto armado interno (sus vidas, su dignidad y sus bien)?
  • ¿Cuáles van a ser los procedimientos administrativos frente a las intervenciones ilegales y arbitrarias de los agentes del Estado que participaron en estas operaciones?
  • ¿Cuáles van a ser las sanciones disciplinarias tomadas frente a la conducta ilegal de la fuerza naval del sur, de la brigada móvil Nº.13, y el batallón de la selva Nº.55?
  • ¿Cuáles son las medidas de prevención tomadas para ejecutar la sentencia T025 / 2004 y las enmiendas que conciernen a los desplazamientos forzados?
  • ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar para que los miembros de la comunidad Siona, inocentes según el testimonio de todas las comunidades, sean liberados?

La Comisión Inter eclesial de Justicia y Paz

[1] Terminología particular a Comisión Inter eclesial Justicia Y la Paz (CIJP) para designar un documento que relata los exacciones operados por las fuerzas de orden pública y para los cuales el CIJP reclama una respuesta del Estado, sea por medio de una justificación o por medio de una reparación.

[2] Institución nacional colombiana encargada de velar, de ejecutar y de promover los derechos humanos.

[3] SIGIN (Sección de Investigación Criminal que depende de la Dirección de investigación criminal (DIJIN)).

AFD Internacional

 Departamento Américas

 Madrid, España

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